Calamidad Pública por emergencia en el Salto del Cabrón, en el Cerro de la Popa declaro Manolo Duque

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El mandatario firmó el Decreto 0455 del 21 de marzo de 2017. También se adelantan reuniones del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo para evaluar la emergencia.

Cartagena de Indias, D. T. y C. 21 de marzo de 2017. Al conocer los informes técnicos relacionados con el estado en el que se encuentra el Salto del Cabrón, en el Cerro de la Popa, y el inminente riesgo de colapso lo que podría acelerar la caída de un alud de tierra y piedra, con las primeras lluvias que se esperan sobre la ciudad, el alcalde Manolo Duque declaró la Calamidad Pública en el Distrito de Cartagena, mediante el Decreto 0455 del 21 de marzo del año en curso.

La medida inicialmente será por especio de seis meses, prorrogables otros seis, con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la situación de riesgo y/o peligro inminente, así como la fase de recuperación y rehabilitación respecto a los hechos descritos que se presentan en el cerro de la Popa, específicamente en el sector del Salto del Cabrón, del convento Nuestra Señora de La Candelaria.

El decreto en su segundo artículo ordena adelantar la formulación del Plan de Acción Específico que será aprobado y coordinado por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, así como su seguimiento y evaluación corresponderá a la Secretaría de Planeación Distrital, cuyos resultados serán remitidos a la unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

En el artículo tercero, se ordena precisar la participación de las entidades, según el Plan de Acción Específico elaborado, que una vez se aprobado por el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres, deberá ser ejecutado por sus miembros junto con las demás dependencias del Distrito.

Según lo plasmado en el cuarto artículo, en el Plan de Acción Específico se establecerán las demás normas para la solicitud de empréstitos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, soluciones de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión e juicios ejecutivo, crédito para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y  otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad.

Es de anotar que la administración de las donaciones se efectuará a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres y su destinación de acuerdo con lo que se decidió en el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres.

La actividad contractual se llevará acabo de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y podrán contemplar clausulas excepcionales de acuerdo a lo estipulado en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993.

En cuanto a los contratos, una vez celebrados con ocasión de la situación de calamidad, se deben remitir de manera inmediata a la Contraloría Distrital de Cartagena, junto con el presente Acto Administrativo, a fin de que se adopte el pronunciamiento de rigor, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 de la Ley 80 de 1993 y 66 de la Ley 1523 de 2012. En el mismo sentido se deben remitir las copias pertinentes a las demás entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para lo de su cargo.

El séptimo y último artículo señala que harán parte de este decreto todas las actas de reunión del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres, a través de las cuales se aprobó la Declaratoria de Calamidad y se apruebe el Plan de Acción específico. Así mismo, todo el informe técnico que se discutió en las reuniones, una vez presentado el riesgo inminente que dio origen a la calamidad.

Laura Mendoza Bernett, directora de Gestión de Riesgo del Distrito, señaló que el Alcalde “declaró la Calamidad Pública, figura que trae la Ley 1523 de 2012 y que regula la gestión de riesgo de desastres del país y establece que las mismas se pueden usar cuando existe una situación de riesgo inminente que pone en amenaza la vida y bienes de las personas y que requieren de una intervención inmediata”, sostuvo.

Señaló que con la puesta en marcha de esta figura jurídica se pueden flexibilizar los procesos y conseguir los recursos necesarios para las intervenciones en la zona afectada.

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