Consejo de estado ordena a Manuel Vicente Duque terminar obras contratadas en la pasada administración lo peor es que la plata asignada para eso está embolatada

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Mediante sentencia proferida por el consejo de estado en la sección tercera – sala de lo contencioso administrativo siendo ponente el Dr. Ramiro Pasos Guerrero, se conocieron los hechos que mediante una acción popular, dio a conocer el señor Jackson Becerra Mosquera un residente del sector Rafael Núñez de esta ciudad, en el que la Alcaldía mayor de Cartagena de indias y la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad Aguas de Cartagena, a su parecer venían incumpliendo, los compromisos contractuales suscritos en el marco del plan maestro de acueducto y alcantarillado.

Las pretensiones del accionante consistían en recuperar nivel topográfico en el sector Rafael Núñez, donde se ejecutaban obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado o en su defecto realizar las obras necesarias para el adecuado drenaje de las aguas, Reconstruir o reparar los andenes cunetas y bordillos del sector en mención donde ya fueron instaladas las tuberías del sistema de alcantarillado, restaurar las vías públicas dejándolas pendientes hacia las cunetas, iluminar y cercar los lotes de terrenos adquiridos para la construcción de bombeo en el mismo sector del barrio Olaya herrera.

Por su parte la administración de Dionisio Vélez Trujillo a través de la secretaria de infraestructura soportó el cumplimiento de la orden judicial con la aprobación del proyecto de acuerdo que esta gestionó ante el concejo distrital para autorizar la realización de una operación de crédito publico en la banca comercial por valor de $ 250.000 millones de pesos de los cuales parte de  ellos serían utilizados para los proyectos de inversión vial, mejorar la movilidad y priorizar las obras ordenadas en sentencia judicial. Para la fecha (Abril de 2014) se encontraba realizando la etapa previa del proceso de selección de los contratistas para la realización de las obras, dentro de las cuales se encuentran las que reclamaba  Becerra, sin embargo considerando que el plazo para la ejecución de las obras superaba la vigencia fiscal de 2014 se sometió a consideración de la autoridad competente la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias.

Dentro del informe presentado por la administración de Vélez Trujillo, dejaron ver claramente la inversión dispuesta para el cumplimiento de la sentencia judicial en la cual está la problemática de las calles del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera ( Calle la Paz – Calle la Virgen – Calle del Tabú – Calle Acisclo – Carrera 52- y el Callejón la Pajarera con una inversión de 533.414.840 millones de pesos, la pavimentación de la calle Acisclo y la Calle Nueva del sector Rafael Núñez con una inversión $ 753.537. 724 millones de pesos , la pavimentación de la calle la cruz del mismo sector con una inversión de 296.265.752 millones de pesos, para lo cual se elaboró el proceso de construcción , rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana en el distrito de Cartagena por una cuantía de $ 80.000 millones de pesos de los cuales $ 19.440.797.499 millones de pesos se encuentran relacionados con las obras antes mencionadas y cuya adjudicación estaba prevista para septiembre de 2014.

Según las consideraciones expuestas en la sentencia para la sala plena de lo contencioso en el concejo de estado, no es posible inferir que el señor Dionisio Vélez haya incurrido en un desacato toda vez que su administración inicio en julio de 2013 aunando las dificultades administrativas, de orden presupuestal y acreditó acciones necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de protección de los derechos colectivos, lo que quiere decir que queda ahora por parte de la administración actual presentar durante un término perentorio de 30 días un cronograma estricto de cumplimiento para que termine de ejecutar las labores ordenadas, además también solicita la sentencia a la procuraduría general de la nación para que vele por el cumplimiento de lo ordenado por la sección tercera del concejo de estado.

En conversaciones con el actual secretario de infraestructura Dr.

Wilson Herrera con el Noticiero del Pueblo, dijo que actualmente en los rubros presupuestales para el cumplimiento de sentencia lo que se encontró ésta administración fueron $100 millones de pesos. Lo cual es insuficiente para el cumplimiento de la sentencia y para el caso específico de las obras objeto de la controversia sobre la cual se tiene hoy una sentencia por parte del Consejo de Estado, de inmediato se declaró el incumplimiento por parte del contratista y no se le pagó, por lo que actualmente se está haciendo la liquidación y el trámite administrativo a que haya lugar por parte de la administración distrital a quien se le ha atribuido la responsabilidad de cumplir con las obras que hoy por hoy están paralizadas.

Concluimos recordando que el sr Dionisio Vélez al finalizar su administración previa autorización del concejo distrital logra un crédito de 250 mil millones de pesos de ellos más de 19 mil millones para cumplimiento de lo que hoy ordena la sentencia judicial en última instancia por parte de una de las altas cortes y además de que no se le pagó al contratista por habérsele declarado un incumplimiento, tampoco parece no están esos recursos en manos de la administración distrital.

Esperaremos el informe oficial por parte de la administración y que en cumplimiento de ésta misma sentencia se logre un verdadero acompañamiento de los entes de control no solamente para temas disciplinarios sino también los de carácter penal a que haya lugar toda vez que la conducta aquí expuesta puede coincidir con delitos como el peculado y falsedad en documento público entre otros.

 

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